UIF y ABM fortalecen la seguridad financiera contra el delito de extorsión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en estrecha colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), ha publicado la "Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión". Esta medida busca blindar el sistema financiero nacional contra los flujos económicos derivados de actividades extorsivas.
El documento surge de análisis estratégicos de la UIF que detectaron patrones críticos de lavado de dinero, particularmente aquellos originados desde centros penitenciarios. La investigación reveló comportamientos inusuales, como la recepción recurrente de transferencias electrónicas y una movilización acelerada de fondos mediante aplicaciones móviles, canal a través del cual se concentra cerca del 70% de las operaciones ilícitas detectadas.
Para su implementación efectiva, la normativa establece un cronograma estricto para las entidades bancarias:
Aprobación Interna: Los Oficiales de Cumplimiento tienen un plazo de 60 días naturales para someter la Guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control.
Ejecución: Tras la aprobación, las instituciones dispondrán de 60 días adicionales para integrar los nuevos criterios en sus modelos de riesgo y procesos de reporte.
La Guía dota a las instituciones de señales de alerta específicas, indicadores de riesgo y recomendaciones operativas, alineando al sector financiero mexicano con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo es transformar la capacidad de detección y control de los bancos, permitiendo un monitoreo más eficiente frente a las tácticas de disimulación de recursos ilícitos.
Esta iniciativa subraya la corresponsabilidad entre autoridades y banca privada para mitigar los riesgos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), consolidando un frente común contra el financiamiento de actividades delictivas que afectan la economía y la seguridad pública en el país.
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