Reforma a la Ley Antilavado.

El día de hoy se publico en el diario oficial de la federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. El reciente decreto, en conjunto con la reforma al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, busca fortalecer significativamente el marco legal de México contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La modificación principal radica en la protección del sistema financiero y la economía nacional, implementando medidas más rigurosas para identificar y prevenir actos que involucren recursos de procedencia ilícita. Entre las adecuaciones más relevantes, se destaca la ampliación y clarificación de la definición de "Beneficiario Controlador", ahora equiparable a beneficiario final y propietario real, exigiendo a quienes realicen actividades vulnerables la identificación precisa de la persona física que, en última instancia, se beneficia o ejerce control efectivo sobre un bien o servicio. Además, el decreto establece nuevos umbrales y tipos de "Actividades Vulnerables" sujetas a aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo operaciones con activos virtuales, desarrollo inmobiliario y ciertos servicios profesionales, lo que amplía el rango de operaciones bajo vigilancia. Las obligaciones para quienes realizan estas actividades se endurecen, abarcando la identificación directa de clientes, el resguardo de información por al menos diez años, y la implementación de una evaluación basada en riesgos y manuales de políticas internas para detectar y mitigar riesgos. Para profesionales como contadores y abogados, estas reformas implican una mayor responsabilidad en el cumplimiento y la necesidad de sistemas robustos para la gestión de información y reportes, asegurando así la integridad del sistema financiero mexicano. 

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